La aplicación de programas sociales en Jalisco generó cuestionamientos de diputadas y diputados durante la comparecencia de Priscila Franco, secretaria del Sistema de Asistencia Social, realizada como parte de la glosa del segundo informe del gobernador Pablo Lemus.
Uno de los temas centrales fue la falta de un convenio con el Gobierno federal para entregar una pensión universal a personas que viven con una discapacidad. El diputado Leonardo Almaguer preguntó por la ausencia de ese acuerdo y por las acciones de la dependencia para concretarlo.
Franco respondió que la incorporación de Jalisco al esquema requeriría más de mil 600 millones de pesos. La funcionaria sostuvo que esa cantidad rebasa la capacidad presupuestal de la secretaría y que existen limitaciones financieras para asumir el convenio.
“Nosotros necesitaríamos más de 1,600 millones de pesos para firmar ese convenio, realmente hay implicaciones y limitaciones presupuestales que definitivamente superan cualquier capacidad que podamos tener en la Secretaría”.
Almaguer consideró que la dependencia debe buscar los recursos para cumplir con la obligación constitucional. En la comparecencia, el legislador cuestionó que las restricciones presupuestales fueran utilizadas como argumento para no avanzar en la atención de las personas con discapacidad.
La diputada Tonatzin Cárdenas planteó otro señalamiento relacionado con los apoyos para personas cuidadoras. Según expuso, algunas beneficiarias habrían firmado recibos antes de recibir el dinero. La secretaria negó que existieran anomalías y explicó que la documentación forma parte de las reglas y procedimientos establecidos para operar el programa.
“No esté llegando el dinero y que le hagan firmar a la gente, es un delito”.
Franco indicó que los trámites de la Secretaría de Hacienda requieren que los expedientes sean integrados y enviados antes de liberar los pagos. Añadió que el proceso estaba avanzando y expresó su expectativa de que los depósitos quedaran regularizados durante la semana siguiente.
Cuestionamientos sobre reglas y evaluación
El diputado morenista Alejandro Barragán Sánchez criticó que las reglas de operación utilicen un lenguaje técnico que dificulta su comprensión y señaló que algunas convocatorias tienen poca difusión. También puso bajo revisión el programa de entrega de mochilas y útiles, tanto por sus costos como por las presiones que, según afirmó, se ejercen sobre los gobiernos municipales para que participen.
Durante la sesión, el panista Isaías Cortés sostuvo que la asistencia social no debe limitarse a repartir apoyos o reportar beneficiarios. Al mismo tiempo, reconoció el trabajo de la dependencia. El diputado de Hagamos, Tonatiuh Bravo, señaló contradicciones en las cifras presentadas en el informe y cuestionó que no se incluyeran indicadores sobre las dimensiones de pobreza previstas en el Plan Estatal de Desarrollo.
- Discapacidad: se discutió la falta de un convenio federal y el costo estimado para establecerlo.
- Personas cuidadoras: se señalaron posibles irregularidades en la firma de recibos antes de la entrega de apoyos.
- Programas sociales: legisladores pidieron reglas más accesibles, mayor difusión e indicadores para evaluar sus resultados.
| Asunto | Postura expuesta en la comparecencia |
|---|---|
| Pensión para personas con discapacidad | La secretaría estimó una necesidad superior a 1,600 millones de pesos para el convenio. |
| Apoyos a cuidadoras | La funcionaria negó anomalías y atribuyó los procedimientos a las reglas de operación. |
| Evaluación de programas | Diputados pidieron indicadores y una comunicación más clara de las convocatorias. |
Las intervenciones formaron parte de la revisión legislativa de las políticas de asistencia social de la administración estatal. La comparecencia incluyó preguntas sobre presupuesto, operación, acceso a los apoyos y medición de resultados.
